Para quienes apenas la conocen, la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega puede pasar por “damisela” en aprietos perseguida por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pero ignoran que era ella quien estaba al frente del Ministerio Público cuando el perseguido era otro: el líder opositor Leopoldo López.

En ese entonces, en 2014, el país atravesaba una situación similar a la actual pero menos intensa, en la que miles de manifestantes opositores tomaron las calles dejando un saldo oficial de 43 muertes y la sentencia de 14 años de prisión para López por supuesta instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

Ese año la oposición también acusaba al gobierno de utilizar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para reprimir a manifestantes, y era Ortega la que estaba en el ojo del huracán al ser señalada no sólo de permitir dichas represiones, sino la persecución y encarcelamiento de distintos políticos además de López.

Otra víctima de lo que opositores consideraban una “cacería de brujas” fue el entonces alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a quien sentenciaron -también por llamar a protestar en las calles- en apenas dos días, cuando muchos casos suelen resolverse en semanas, e incluso meses. Ortega negó que se tratara de tal cacería, pero sí de justicia.

Desde la Fiscalía General Ortega estuvo al frente de reconocidos casos, como cuando se acusó a los miembros de la ONG Súmate, entre ellos María Corina Machado, hoy dirigente del partido opositor Vente Venezuela, de conspirar contra la nación e incluso recibir dinero espurio para tales fines.

Han pasado tres años desde las protestas del 2014 que le valieron el repudio de la tolda opositora, quienes hoy parecieran alsorberla de sus “pecados” tras levantar su voz en contra de un régimen que sigue generando caos en el país caribeño, aunque al principio les costara creer en el progresivo cambio de Ortega.

Sin embargo, todavía existen opositores que aseguran que Ortega sólo trata de limpiar su imagen para evitar sanciones estadounidenses, y de acuerdo a José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch, “sus acciones presentes no borran por arte de magia su responsabilidad sobre violaciones de derechos cometidas durante su mandato.”

Aún así, Vivanco también afirma que su pasado “no empaña la relevancia de la excepcional contribución que está haciendo hoy para utilizar el poder de su cargo para ayudar a exponer la maquinaria represiva de Maduro”, puntualizó.

Hoy Ortega es considerada como disidente, destituida como fiscal general y perseguida por el gobierno de Maduro, quien ya pidió a la Interpol su captura, ya que tanto ella como su esposo abandonaron Venezuela a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente le negara salir del país.

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