La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el 4 de agosto de 2017.

A pesar de que muchos, especialmente los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, la siguen calificando de inconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa el 30 de julio de este año, luce tan poderosa como se esperaba a tan sólo 17 días de su instalación el pasado 4 de agosto de este año.

Uno de sus primeros pasos consistió en la destitución de la fiscal General del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, el 5 de agosto, y la designación de un nuevo fiscal, el exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, algo que Ortega esperaba pues el constituyente Diosdado Cabello ya había dado a conocer su iniciativa que además incluía inhabilitarla.

La ANC destituyó como fiscal general a Luisa Ortega el 5 de agosto de 2017.

Y no sólo esto, dicha asamblea también decidió que Ortega no podía salir del país y que sus bienes y cuentas bancarias se mantendrían embargados; entonces su destitución y sustitución abría las puertas para renovar al Ministerio Público, órgano que habían declarado en emergencia y su renovación necesaria para “luchar contra la impunidad”.

El 10 de agosto, durante una transmisión en vivo, Maduro dijo que en apenas seis días la Constituyente había hecho más que la Asamblea Nacional (AN) en sus 20 meses, asamblea electa a finales de 2015 y de mayoría opositora, desconocida por el gobierno de turno en abril de este año y lo que dio pie a las protestas callejeras, cuyo saldo supera las 100 víctimas mortales.

El próximo paso de la ANC fue ordenar la captura del esposo de Ortega, el diputado a la AN por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Germán Ferrer, quien al igual que la ex fiscal, se convirtió en una de las voces más críticas del chavismo hacia la gestión madurista. Esta vez la orden la dio el nuevo fiscal, William Saab, quien también solicitó el retiro de la inmunidad parlamentaria para Ferrer.

Germán Ferrer, diputado oficialista y esposo de Luisa Ortega.

El pasado viernes 18, la Constituyente anunció su acto más reciente: asumir las competencias de la AN para «garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos», según expresó el decreto.

El mismo fue tomado en una sesión a la que la junta directiva del Congreso se negó a asistir, ya que no reconocen a la ANC. Su presidenta, la ex canciller Delcy Rodríguez alegó que ella los había invitado y que no se trataba de una disolución de la AN. “No está disuelta, vayan a trabajar y a cumplir las leyes de la República”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, la respuesta a cada acción emprendida por la Constituyente obtiene la misma respuesta por parte no sólo de la Asamblea Nacional, que insiste en desconocerla y por ende, no acata ninguna de las órdenes emitidas por esta, sino de la comunidad internacional, cuyo rechazo se vuelve más marcado con el pasar de los días.

El presidente venezolano Nicolás Maduro (izquierda) junto al periodista José Vicente Rángel.

Aún así, Maduro, en una reciente entrevista realizada por el periodista venezolano José Vicente Rangel, anunció que la próxima semana se llevarán a cabo importantes conversaciones con una comisión especial de la ANC y anunciará un conjunto de medidas a fin de que se “respete el precio máximo de los productos.”

Lo expresado por el mandatario venezolano adelanta que la Constituyente pronto estará incursionando en el ámbito económico del país, y más aún, las no intenciones de detenerse a pesar de toda la polémica que sigue desatando la plenipotenciaria a su paso.

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