Hace apenas tres días que se llevaron a cabo las elecciones garantizadas por el presidente venezolano Nicolás Maduro para la elección de los 545 asambleístas que se encargarán de renovar la Carta Magna del país, proceso que incluso antes de realizarse ya había desencadenado manifestaciones de apoyo y rechazo, respectivamente.

La intensificación de las protestas de calle en el país, advertencias por parte del gobierno de los Estados Unidos de aplicar sanciones económicas de celebrarse la Constituyente tal y como lo había anunciado Maduro para el 30 de julio, así como las críticas por parte de varios países de Latinoamérica y Europa, no fueron suficientes para frenar dichas elecciones.

El mismo domingo 30, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, informó a través de un comunicado que continuarían tomando “acciones firmes y rápidas contra los arquitectos del autoritarismo en Venezuela, incluidos los que participan en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la defectuosa elección de hoy.”

Un día después, tal y como lo manifestaron horas antes, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció la imposición de sanciones no contra Venezuela, sino contra su presidente a quien catalogó de “dictador”, ya que según ellos la Asamblea Nacional Constituyente “aspira a usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela”.

Con este panorama, la reacción de Cuba no se hizo esperar, y a través de una declaración de la Cancillería denunció la puesta en marcha de una “operación internacional, dirigida desde Washington, con apoyo del secretario general de la OEA” cuyo fin es silenciar la voz del pueblo venezolano, desconocer su voluntad e “imponerle la rendición mediante ataques y sanciones económicas.”

De igual forma países como Rusia, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y El Salvador, se manifestaron en favor de los comicios realizados en Venezuela y en contra de lo que unos catalogan como “afán imperialista de dominio y destrucción de nuestras soberanías y voluntades”, de acuerdo a lo expresado por un comunicado emitido por la primera dama nicaragüense, Rosario Murillo. Mientras tanto, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén incluso felicito a Venezuela por un “extraordinario proceso electoral”.

Al contrario, países como Perú y México –por sólo mencionar a algunos- dejaron claro no estar de acuerdo con la Constituyente y sí en favor de las sanciones. Ejemplo de esto fue lo expresado por el presidente de Perú, Alan García, quien tuiteó que “la jurisdicción penal internacional debe sancionar los crímenes de Maduro. El Perú debe denunciarlo”.

Por su parte, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), dijo en un comunicado no reconocer los resultados de la elección de los integrantes de la ANC, y lamentó que Venezuela resolviera unos comicios “contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis en que se encuentra el país”.

Sin embargo, la reacción más reciente y que ha generado aún más controversia, es la de Smartmatic, una multinacional creada en Venezuela, encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en dicho país desde 2004, incluso en la elección del domingo 30 para la Asamblea Constituyente.

Antonio Mugica, director ejecutivo de de Smartmatic, durante la conferencia en Londres.

La multinacional indicó en una conferencia presentada en Londres que “hubo manipulación del dato de participación”, esto luego que el gobierno venezolano asegurara que la elección contó con un 41,53 por ciento de participación, con más de 8 millones de votantes, ya que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

De acuerdo al director ejecutivo de dicha empresa, Antonio Mugica, afirmó que una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de la participación. Entre tanto, y pese a las opiniones encontradas, Maduro y la nueva Asamblea Nacional Constituyente siguen adelante.

Como muestra, el mandatario anunció el día de ayer que su hijo Nicolás Ernesto Maduro, resultó electo como parte de quienes redactarán la nueva Constitución venezolana; el ex ministro de transporte, Francisco Torrealba, electo en representación de los transportistas y Mario Silva, uno de los conductores de televisión estatal más polémicos y reconocidos por los oficialistas, para representar a los trabajadores de la economía informal, entre otros.

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